COMUNICADO | La Sección de la Infancia y Adolescencia y el Observatorio de los Derechos de las Personas del ICAB reclaman una respuesta urgente y coordinada ante la situación de Ceuta que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de los NNA

En los últimos días, la creciente llegada de NNA ha superado con creces la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Esta realidad pone a prueba el aseguramiento de su seguridad y bienestar, en suma de sus derechos fundamentales, reconocidos tanto en la Constitución Española como en los Tratados Internacionales de protección a la infancia.

El marco legal existe, tanto en la esfera nacional como internacional, encomendando a las autoridades competentes asumir la protección de los NNA hasta tanto no se determine su retorno. Sin embargo, la situación que conoce ahora Ceuta ha puesto de manifiesto que la redistribución entre Comunidades Autónomas es obligatoria cuando se supera la capacidad ordinaria de acogida, como ocurre actualmente en la ciudad autónoma que la redistribución acordada en su día no refleja la realidad por cuanto, en el caso de Ceuta, acoge, en principio, más de 80 NNA no acompañados cuando solo tiene capacidad para 29.

Por ello, resulta imprescindible la actuación coordinada del Gobierno de España, Ceuta, las Comunidades Autónomas, la Fiscalía y el resto de Administraciones e instituciones competentes, a fin de reforzar de manera inmediata los recursos humanos, materiales y asistenciales disponibles en Ceuta y activar los mecanismos legalmente previstos para asegurar que todos los NNA reciban la protección integral a la que tienen derecho.

Desde la Abogacía, firmemente comprometida con la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, recordamos que la Convención sobre los Derechos del Niño constituye un tratado internacional jurídicamente vinculante cuyo cumplimiento resulta exigible a todos los poderes públicos.

Los derechos de los NNA deben prevalecer en toda decisión que les afecte y ninguna circunstancia puede justificar una merma en el nivel de protección que nuestro ordenamiento jurídico les reconoce.

La protección de la infancia no constituye únicamente un deber legal, sino también un compromiso ético irrenunciable de un Estado social y democrático de Derecho.

Ante esta situación, el ICAB hace un llamamiento a todas las administraciones competentes para que actúen con la máxima diligencia y coordinación, garantizando en todo momento el pleno respeto de los derechos fundamentales de los NNA.