NOTA DE PRENSA CICAC | La Abogacía Catalana se reivindica como garante de los derechos en el proceso de regularización de extranjería
El "Consell" advierte de los riesgos de colapso y de posibles vulneraciones de derechos si el proceso no se gestiona con recursos y garantías suficientes.
El "Consell de l'Advocacia Catalana" pone en valor el papel esencial de la abogacía en el proceso extraordinario de regularización de extranjería que se ha puesto en marcha hoy en el Estado, como herramienta imprescindible para garantizar los derechos de las personas afectadas. En este sentido, el "Consell" recuerda que el asesoramiento jurídico especializado es clave para que los procedimientos se tramiten con seguridad jurídica, evitando errores que podrían derivarse en denegaciones o en situaciones de vulnerabilidad administrativa.
El presidente del "Consell de l'Advocacia Catalana" y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, ha destacado que "la intervención de profesionales de la abogacía es determinante para asegurar que este proceso se desarrolle con plenas garantías y respeto a los derechos fundamentales de las personas". Montoliu ha subrayado que "el acceso a un asesoramiento jurídico riguroso no es sólo recomendable, sino necesario en un procedimiento de esta complejidad".
Al mismo tiempo, el Consell alerta de los riesgos que puede comportar el despliegue del proceso si no se dota de los recursos suficientes. Entre ellos, destaca la posible saturación de los servicios administrativos, las dificultades en la obtención de citas y la falta de información clara para las personas interesadas.
La responsable de la Subcomisión de Extranjería del Consell y decana del Colegio de la Abogacía de Sabadell, Eulàlia Barros, advierte que “si el proceso no se planifica adecuadamente, se puede generar una situación de colapso que acabe perjudicando precisamente a aquellas personas que se quieren regularizar”. En esta línea, ha remarcado que "hay que garantizar circuitos ágiles, información accesible y el refuerzo de los servicios públicos para evitar desigualdades en el acceso al procedimiento".
El Consell también alerta del riesgo de intrusismo profesional y de prácticas irregulares en momentos de alta demanda como el actual, e insiste en la importancia de que las personas afectadas acudan a profesionales colegiados.
Finalmente, la Abogacía Catalana se pone a disposición de las administraciones para colaborar en el correcto desarrollo del proceso, con el objetivo de garantizar su eficacia y, sobre todo, la protección de los derechos de las personas.
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