El Pleno del Consejo de la Abogacía Catalana ha acordado trasladar al Gobierno de la Generalitat su preocupación por los efectos que los actuales cambios en las plantillas de los órganos judiciales pueden tener sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia y, en consecuencia, sobre el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva. Este posicionamiento responde a la preocupación de la abogacía catalana ante el impacto que estos procesos pueden tener sobre un servicio público esencial.

Esta situación se enmarca en los procesos de reorganización de las plantillas judiciales derivados de la ejecución de los procesos de estabilización previstos a la normativa aprobada para reducir la temporalidad a la ocupación pública, en respuesta a la jurisprudencia europea sobre esta materia. Al mismo tiempo, estos cambios coinciden con la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia y del nuevo modelo organizativo de la Administración de Justicia, uno de los procesos de transformación más importantes que ha vivido la Justicia en las últimas décadas. La coincidencia de todos estos procesos hace especialmente necesario garantizar que los cambios organizativos no repercutan en el funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales.

Servicio público esencial

Ante este escenario, el Consejo ha dirigido una carta a la Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat, Alicia Corral, en la que pide que cualquier decisión que afecte las plantillas judiciales tenga en cuenta también las consecuencias que puede comportar sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre la calidad del servicio público de Justicia.

En el escrito, el Consejo recuerda que “la Administración de Justicia constituye un servicio público esencial” y advierte que su correcto funcionamiento depende no solo de disponer de recursos humanos suficientes, sino también de preservar la experiencia y el conocimiento de los profesionales que desarrollan su tarea diaria a los órganos judiciales.

La carta advierte que “la experiencia acumulada y el conocimiento especializado del personal representan un activo imprescindible para garantizar la eficiencia y la calidad del servicio público”. El Consejo alerta que, en un momento de profunda transformación de la organización judicial, una renovación masiva de las plantillas sin una adecuada planificación podría repercutir en la gestión ordinaria de los procedimientos, las notificaciones, los señalamientos, las ejecuciones y otras actuaciones procesales, con afectación directa tanto para los profesionales como para la ciudadanía.

El Consejo recuerda igualmente que la abogacía es uno de los principales usuarios del servicio público de Justicia y que cualquier incidencia en el funcionamiento de los órganos judiciales repercute directamente en el ejercicio del derecho de defensa y en la efectividad de la tutela judicial. Por este motivo, considera imprescindible que los procesos de reorganización de las plantillas se lleven a cabo con la máxima planificación, coordinación institucional y preservando la continuidad del servicio.

Finalmente, la Abogacía Catalana manifiesta su plena disposición a colaborar con las administraciones competentes para analizar esta situación y contribuir a encontrar las soluciones más adecuadas. Con este objetivo, en la misma carta solicita mantener una reunión con la secretaria de Administración y Función Pública, Alicia Corral, para abordar esta cuestión y estudiar alternativas que permitan compatibilizar la aplicación de las medidas derivadas de los procesos de estabilización con la garantía de un servicio público de Justicia eficiente, estable y de calidad.