La motivación de las personas imputadas fue tratar de amedrentar al abogado, que ejerce la defensa de los intereses de su cliente. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita una pena de un año de privación de libertad y la acusación particular colegial solicita una pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de allanamiento de despacho profesional (art. 203.3 CP).

El amparo colegial es una de las funciones principales de cualquier colegio de la abogacía. El ejercicio del derecho de defensa debe ser en todo caso libre y los colegios de la abogacía abogan por proteger este derecho dando amparo colegial en todo momento cuando se producen posibles injerencias o limitaciones. En el ICAB, esta función la ejerce de modo prioritario la CRAJ (Comisión de Relaciones con la Administración y la Justicia) por delegación de la Junta de Gobierno, cuyos miembros aprobaron por unanimidad la determinación de defender a su compañero agredido ejerciendo en este caso la acusación particular.

El decano del ICAB y presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia del Consejo de la Abogacía Española, Jesús M. Sánchez García, ha explicado públicamente este caso en la mesa inaugural de las XV Jornadas de Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia del CGAE, que se celebran estos días en Córdoba, como un ejemplo paradigmático de la vocación de todos los colegios de la abogacía de proteger el libre ejercicio de la profesión.

Estas jornadas, bajo el lema Dando voz a la abogacía, tienen como objetivo encontrar soluciones a los problemas del día a día a los que se enfrenta la abogacía al desarrollar su ejercicio profesional.