• Vallejo ha recordado durante la reunión el trabajo que realizan los 28.000 abogados y abogadas especializados en extranjería que hay en España.
• Las acciones que pondrá en marcha este equipo de trabajo estarán coordinadas, desde el CGAE, por su Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, con Blas Imbroda al frente. 

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha defendido hoy, junto al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), el papel de la abogacía como garante de la seguridad jurídica en el próximo proceso de regularización extraordinaria. Para ambas instituciones es esencial la participación de la Abogacía Española, como profesionales cualificados, con formación jurídica del máximo nivel, y sometimiento a las normas de deontología profesional. 

Así lo ha trasladado la Abogacía Española a los representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en una reunión en la sede de Abogacía Española.

Durante la reunión sobre la próxima regulación de extranjeros, el Ministerio de Migraciones, el Ministerio de Justicia y la Abogacía Española han resaltado la importancia de la formación especializada y el respeto a los principios deontológicos en el ejercicio de los profesionales de la abogacía en este proceso, como garantía de la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Este marco de cooperación se materializará en la divulgación del proceso y la organización conjunta de jornadas informativas, mesas redondas y campañas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de ofrecer información clara y accesible sobre el próximo proceso. La primera de estas jornadas está prevista para el mes de abril y marcará el inicio de una serie de acciones coordinadas que se desarrollarán a lo largo de los próximos meses.

Cristina Vallejo ha presidido esta reunión de trabajo, acompañada por Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del CGAE y por el secretario general técnico de la institución, Borja Vargues. 

Por parte del Ministerio de Inclusión, han estado Santiago Hierba, director general de la Gestión Migratoria; Aitor Juara, director del Gabinete de la ministra de Inclusión; y Eva Martínez Montero, directora de Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones. Asimismo, por parte del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, se ha contado con Samuel Meilán, asesor del Gabinete del ministro. El presidente de Abogacía Española, Salvador González, ha asistido al cierre de la reunión, donde se han compartido las principales conclusiones de esta.

“En esta nueva regulación, que afectará a miles de personas en situación de vulnerabilidad, es fundamental contar con asesoramiento jurídico cualificado para asegurar la correcta interpretación y aplicación de la normativa, prevenir situaciones de indefensión y reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, ha subrayado el presidente del CGAE, Salvador González. 

“La participación de la abogacía es una garantía esencial para la ciudadanía, ya que les protege frente a al intrusismo y las prácticas engañosas”, ha afirmado la decana del ICAB, Cristina Vallejo. 

Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española, a través de Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional, ha hecho un llamamiento a las Administraciones Públicas para que “respeten y hagan respetar la participación efectiva de los profesionales de la abogacía en el desarrollo del proceso de regularización y reforzar los mecanismos de asistencia jurídica, especialmente para los colectivos más vulnerables, y combatan de forma activa cualquier forma de abuso que no respete el marco jurídico”. 

El presidente de Abogacía Española ha recordado que la regularización extraordinaria debe construirse sobre bases sólidas de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos fundamentales. En ese objetivo, “la abogacía no solo es necesaria: es imprescindible. Sin abogacía, no hay garantías”.