La decana del ICAB, Cristina Vallejo, ha presidido este encuentro, en el que se han presentado nuevos datos del Departamento de Justicia en relación con la implantación de la LO 1/2025 en la demarcación territorial del Colegio de la Abogacía de Barcelona y también se han dado a conocer la situación que se vive, principalmente en los Tribunales de Instancia, y también en la Audiencia Provincial de Barcelona y en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La "Cimera" también ha permitido conocer el posicionamiento de los LAJ que están frente al Servicios Comunes, así como la situación que se vive desde la abogacía en las diferentes Delegaciones Territoriales del ICAB, en relación a la aplicación de la LO 1/2025.

Durante la Cumbre, se ha puesto de manifiesto que el impacto que se deriva de la estabilización del personal es actualmente uno de los principales puntos críticos en la implementación de la reforma. Por un lado, la movilidad que consecuentemente entorpece el día a día de los órganos judiciales y, por otro, la incorporación de personal que no dispone de experiencia previa en el ámbito de la Justicia, ni de la formación especializada que requieren servicios como el de guardia o determinados procedimientos como los de violencia, infancia o familia, dificulta el correcto y normal funcionamiento de la Administración. Esta situación es, actualmente, un denominador común en Barcelona y en las diferentes Delegaciones, y se produce tanto en los Tribunales de Instancia, como en la Audiencia Provincial y en el TSJC.

El otro punto crítico del que se ha hablado es la necesidad de incidir en la atención a los profesionales y la ciudadanía, con el objetivo de mejorar el servicio que se ofrece y dar una respuesta más adecuada a sus necesidades.

Los últimos bloques de intervenciones han contado con los parlamentos de varios representantes de la Procura, la fiscalía en Cataluña y del CGPJ. Precisamente desde el Consejo General del Poder Judicial se ha presentado la “Guía de buenas prácticas Ley Orgánica 1/2025”, una obra que a través de sus ocho capítulos y anexos presenta un conjunto sistemático de criterios, recomendaciones y herramientas destinadas a facilitar la organización y funcionamiento de los Tribunales de Instancia para favorecer una organización homogénea de los propios países.

De esta forma, la Guía ofrece una orientación en relación a los porcentajes de cumplimiento, tiempo de respuesta y objetivos en materias como la atención al público, el reparto de las cargas de trabajo, las señales, la digitalización, la ciberseguridad, o la incorporación de la IA. La Guía también incluye un conjunto de instrumentos destinados a facilitar la implantación efectiva del modelo organizativo, a través de modelos normalizados de documentos, listas de comprobación, matriz de responsabilidades organizativas, cronograma de implantación, sistema de indicadores de calidad.

Esta Cumbre, al igual que las tres anteriores -celebradas en los meses de octubre de 2025 y febrero y mayo de 2026- ha demostrado que gracias a la colaboración y el diálogo promovido en estas reuniones de trabajo se han podido solucionar importantes incidencias detectadas en la aplicación de la LO 1/2025 para hacerla más eficiente y práctica para el conjunto de profesionales que deben aplicarla.

Asimismo, estos encuentros han constituido un frente común para reclamar los medios necesarios para poder hacer efectiva la aplicación de la norma, lo que pone de relieve la voluntad de los profesionales del Derecho de contar con una Administración de Justicia que dé una respuesta a la ciudadanía más rápida, eficiente y cercana.