Los firmantes de este acuerdo rechazan ''contundentemente'' que el Gobierno francés quiera prorrogar las medidas de seguridad extraordinarias adoptadas tras los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 y que estaban vigentes hasta el 26 de febrero.

Sin perjuicio del riesgo real de comisión de atentados terroristas en Europa, las entidades que han suscrito la 'Declaración de Barcelona 2016' consideran que el hecho de alargar las medidas del Estado de Emergencia en Francia supone "una restricción de las garantías de los ciudadanos" ante la posibilidad de actuación discrecional por parte de las fuerzas de seguridad. "Una simple denuncia anónima o sospecha se considerará suficiente para realizar tanto intervenciones policiales en la calle como entradas y registros en domicilios y detenciones sin la presencia de abogado en las primeras cuatro horas, incluyendo a los menores de edad, mayores de 13 años", remarcan.

En este sentido, los colegios firmantes recuerdan que garantizar el derecho de defensa de los ciudadanos y la presunción de inocencia deben estar presentes a la hora de tomar cualquier decisión política. En ningún caso, reiteran, "la seguridad nacional se puede imponer sin límite restringiendo las libertades individuales o colectivas que tanto ha costado conseguir".

También advierten que las garantías jurídicas que sustentan las sociedades democráticas en general, y la República Francesa en particular, son un "elemento indispensable de los derechos de los ciudadanos". Poner en riesgo los valores propios de la democracia, dicen, supondría "dar el triunfo a los que imponen el terror". Y, a la vez, no es ninguna solución al problema terrorista.

Las entidades firmantes aprovechan finalmente para recordar que los representantes de la abogacía, como garantes de la protección de los derechos de los ciudadanos, combatirán estas medidas "con todas sus armas jurídicas y democráticas".

A iniciativa de los Colegios de París, Madrid y Barcelona se creó la 'Declaración de Barcelona 2016', que la suscribieron la Federación del Colegios de Abogados de Europa (FBE), el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los colegios de abogados de Valencia y Badajoz, el Conseil des Barreaux Européens, el Conseil National des Barreaux, la Conférences des Bâtonniers de France et d’Outre Mer y otras entidades jurídicas.