El Consejo de la Abogacía Catalana pone en valor el papel esencial de la abogacía en el proceso extraordinario de regularización de extranjería que se ha puesto en marcha hoy en el Estado, como herramienta imprescindible para garantizar los derechos de las personas afectadas. En este sentido, el Consejo recuerda que el asesoramiento jurídico especializado es clave para que los procedimientos se tramiten con seguridad jurídica, evitando errores que podrían derivarse en denegaciones o en situaciones de vulnerabilidad administrativa.

El presidente del Consejo de la Abogacía Catalana y decano del Colegio de Abogados de Vic, Rogeli Montoliu, ha destacado que "la intervención de profesionales de la abogacía es determinante para asegurar que este proceso se desarrolle con plenas garantías y respeto a los derechos fundamentales de las personas". Montoliu ha subrayado que "el acceso a un asesoramiento jurídico riguroso no es sólo recomendable, sino necesario en un procedimiento de esta complejidad".

Al mismo tiempo, el Consejo alerta de los riesgos que puede comportar el despliegue del proceso si no se dota de los recursos suficientes. Entre ellos, destaca la posible saturación de los servicios administrativos, las dificultades en la obtención de citas y la falta de información clara para las personas interesadas.

La responsable de la Subcomisión de Extranjería del Consell y decana del Colegio de la Abogacía de Sabadell, Eulàlia Barros, advierte que “si el proceso no se planifica adecuadamente, se puede generar una situación de colapso que acabe perjudicando precisamente a aquellas personas que se quieren regularizar”. En esta línea, ha remarcado que "hay que garantizar circuitos ágiles, información accesible y el refuerzo de los servicios públicos para evitar desigualdades en el acceso al procedimiento".

El Consell también alerta del riesgo de intrusismo profesional y de prácticas irregulares en momentos de alta demanda como el actual, e insiste en la importancia de que las personas afectadas acudan a profesionales colegiados.

Finalment, l’Advocacia Catalana es posa a disposició de les administracions per col·laborar en el correcte desenvolupament del procés, amb l’objectiu de garantir-ne l’eficàcia i, sobretot, la protecció dels drets de les persones.